5 Claves para el Relacionamiento Comunitario en un Contexto de COVID-19

Decir que el mundo ha cambiado desde inicios del 2020 se ha vuelto un lugar común. Sabemos que al menos en los próximos 24 meses -hasta que se desarrolle y distribuya una vacuna efectiva o un tratamiento exitoso-, se aplicarán nuevas reglas de juego, las cuales serán pautas para el relacionamiento con actores sociales en la industria extractiva.

Perú es un país con una infraestructura de salud precaria, que hoy se encuentra al borde de ser copada por un número cada vez mayor de personas infectadas. La cuarentena y el distanciamiento social son el único enfoque que se ha podido implementar, con distintos grados de éxito. Contraer una forma severa de la enfermedad en un área lejana a unas instalaciones médicas equivale a una sentencia de muerte.  En respuesta a esta realidad, muchas comunidades locales han recurrido a impedir sus accesos por parte de personas ajenas, incluyendo a aquellos lugareños que hayan estado viviendo en otras partes del país y están retornando debido a la pérdida de medios de vida en las ciudades donde laboraban. Esto no debería sorprender, teniendo en cuenta los perjuicios que podría generar este contagio en poblaciones con poco o nulo acceso a servicios médicos.

Ante estas circunstancias, las autoridades nacionales y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú acordaron una serie de protocolos de prevención de la enfermedad a ser implementados por todas las empresas mineras que reanudarían sus actividades. Adicionalmente, algunas  mineras han desarrollado sus propios protocolos, que son más rigurosos que las normas nacionales establecidas y, por lo tanto, podrían categorizarse como buenas prácticas. Sin embargo, las normas nacionales no involucraron un proceso de consulta extenso con las comunidades potencialmente afectadas.

Tradicionalmente, los conflictos entre las empresas mineras y sus comunidades anfitrionas en el Perú se han centrado en temas vinculados a la contaminación ambiental real o percibida, así como  si los beneficios generados por la actividad se han compartido de manera equitativa.  La frecuencia, intensidad y duración, de estos desencuentros ha sido variable, de acuerdo a las circunstancias propias de cada proyecto, así como de las comunidades anfitrionas y la región. Sin embargo, esta es la primera vez que toda la actividad minera formal presenta una misma amenaza: la de favorecer y/o exacerbar el contagio de una pandemia. Este desafío exigirá importantes cambios en la manera en que las empresas mineras desarrollan sus negocio, y la intensidad de la amenaza también dependerá de la etapas en  que se encuentra el proyecto, ya sea exploración, construcción, operación o cierre.

Dos principios deberán regir el desarrollo de la actividad minera:

  • No causar daño y
  • Contribuir a una comunidad saludable mediante apoyo para hacerle frente a la amenaza del Covid-19 y sus impactos potenciales.

Esto requerirá  modificar una serie de actividades claves para dar el mejor cumplimiento a estos principios.

1. Las comunidades deben ser parte activa de las políticas corporativas de HSEC

Tradicionalmente, cuando se pensaba en HSEC (Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Comunidades por su sigla en inglés) se refería exclusivamente a los empleados y contratistas de las mineras. Ahora habrá que ampliar el concepto a los temas de salud que afecten a las comunidades anfitrionas, en especial en lo relacionado al nuevo coronavirus. Exigirá ampliar el equipo médico actual a fin de que pueda brindar pruebas y tratamiento inicial para la enfermedad, no sólo para empleados y contratistas de la empresa, sino también para miembros de las poblaciones locales. Tendrán que construirse o habilitarse  tópicos de aislamiento, con equipos de  pruebas tanto para empleados y contratistas, así como para pobladores locales. Hace poco, un buen número de habitantes de comunidades rurales que trabajaban en ciudades grandes tomaron la decisión de regresar a su tierra a consecuencia de la pérdida de su trabajo como resultado  de la cuarentena. Probablemente  un número de ellos serán transmisores del Covid-19, pero es posible que se le atribuya la causa a la empresa minera del lugar. Por eso es tan importante que se construya una línea base de salud, tanto a nivel de empleados y contratistas, como de pobladores locales. Esto contribuirá a disminuir la incidencia y la credibilidad de los alegatos que la enfermedad fue introducida por la empresa.

2. La prevención y  la  contención de la pandemia requieren una nueva logística de recursos humanos

Típicamente, las actividades mineras involucran el movimiento de personas de una parte del territorio nacional (así como de distintas partes del mundo) a otra. Aunque esto no sea inusual, bajo las actuales circunstancias, existe una gran posibilidad que a la empresa minera se le atribuya responsabilidad en la propagación de esta enfermedad. Esto presenta una serie de desafíos.

En primer lugar, con la finalidad de disminuir estos movimientos, los plazos de los viajes a la mina y su regreso a casa deberán extenderse. Actualmente, los turnos mineros son de 14-20 días en el sitio de mina y 7-10 días en casa, o variantes por el estilo. A fin de reducir los movimientos desde y hacia la operación, los plazos deberían extenderse durante la pandemia. Dependiendo de los acuerdos que se puedan alcanzar con los trabajadores, los plazos de estadía en la mina podrían ampliarse a 60 días o más.

El hospedaje y el mayor número de turnos en los comedores deberán reflejar menor aforo con miras a cumplir con el distanciamiento social.  Las habitaciones tendrán menor número de ocupantes y las comidas estilo buffet se tendrán que eliminar, por citar algunos ejemplos.

3. Protección de la cadena de suministro para asegurar el cuidado de la salud de las personas y el abastecimiento de bienes y servicios para la operación.

Un reto de importancia vital será la contratación tanto de mano de obra como de bienes y servicios locales. Para determinar cómo se modificarán estas políticas, se tendrán que tener en cuenta una variedad de consideraciones, como el impacto sobre el riesgo de contagio al tener a muchos trabajadores locales en contacto con los foráneos provenientes de zonas de altos niveles de infección, y cómo se verá afectada la economía local si se reduce el número de trabajadores, contratistas y proveedores locales. Algunas de las áreas de importancia crítica en las cuales el riesgo de contagio será especialmente elevado son las de salud (en la cual habrá mucho contacto con contagiados potenciales en el transcurso de la toma de pruebas y su tratamiento preventivo, así como el de casos confirmados), alimentos, limpieza y lavandería, entre otras. Por lo tanto, se evaluará cuidadosamente el componente de trabajadores locales en la operación minera dentro de esta perspectiva. Se requerirá una negociación hábil y delicada, sopesando los riesgos y beneficios inherentes a la contratación de personal, bienes y servicios locales a la luz de la pandemia y las necesidades de la economía local.

4. Comunicaciones claras, consistentes y con distanciamiento social 

Serán de importancia crítica las comunicaciones entre empresa y actores locales. Las mismas deberán ser claras, oportunas y culturalmente adecuadas. Los dos mensajes de “no causar daño” y “contribuir a una comunidad saludable” deben ser transmitidos de manera efectiva. Evidentemente, los mensajes tendrán que estar acompañados de acciones concretas que los respalden. Para todo esto, el factor de la confianza que exista en las relaciones con las comunidades será imprescindible, ya que sin la misma, fracasarán estos esfuerzos.

Otro aspecto de las comunicaciones que deberá tratarse será una variedad de métodos que permitan la comunicación simultánea con grupos de actores, a la vez que se mantenga el distanciamiento social y se eviten las asambleas comunitarias u otras reuniones con múltiples asistentes compartiendo un solo espacio. Para esto, se requerirán enfoques innovadores que consideren  de la conectividad y las aplicaciones disponibles, como también la creatividad y voluntad de todas las partes para mantener la comunicación.

5.  Nuevas prioridades y plazos para la Inversión Social

Por lo general, ya habrá acuerdos pactados con las comunidades orientados a contribuir al desarrollo local mediante proyectos y programas de inversión, generalmente con un enfoque a mejorar rendimientos agrícolas y pecuarios, construcción de capacidades, mejor infraestructura de salud y educación, y mejor gobernanza, entre otros. La situación actual exige mejoras significativas en la higiene y salubridad, así como telecomunicaciones más avanzadas, accesibles y confiables. Por lo tanto, proyectos y programas destinados al acceso rápido y seguro al agua potable y desagüe, así como telecomunicaciones confiables y asequibles se convertirán en las nuevas prioridades. Los acuerdos pre-existentes se deberán renegociar y reprogramar para darle lugar a estas nuevas prioridades.

Estos son algunos de los desafíos actuales que ilustran cómo ha cambiado el enfoque en el relacionamiento comunitario, y seguirá evolucionando en la medida en que comprendamos mejor los aspectos menos conocidos  de esta pandemia.

Estos son algunos de los desafíos que presenta el actual contexto de COVID-19 y si bien pueden ser desarrollados en mayor detalle, ilustran cómo el enfoque sobre el compromiso con los grupos de interés ha cambiado y seguirá evolucionando en la medida que se entiendan mejor los impactos menos conocidos o comprendidos de esta pandemia, así como también ampliará el alcance de la responsabilidad social corporativa en situaciones extremas.